Así funciona el nuevo bono social de la luz

En junio de 2017 se puso en marcha el nuevo bono social de electricidad que establece descuentos para sectores de población vulnerables y que busca acabar con la pobreza energética.

Este bono social no es nuevo. Nació en el año 2009 para ofrecer un descuento del 25% en la factura hogares con una potencia contratada mínima de tres kilovatios, aplicable a familias numerosas, pensionistas con prestaciones mínimas y hogares con todos sus miembros en paro pero que en este año sufre un cambio importante.

¿Por qué se cambia el bono social?

El cambio del bono social se produce por una sentencia reciente del Tribunal Supremo que anula su modelo de financiación. Hasta junio de 2017, el bono social era pagado por las empresas eléctricas que tenían tanto sociedades de generación (que producen electricidad) como que comercializan (venden) la electricidad a los consumidores.  Con la nueva sentencia, ahora pagan el bono social todas las empresas que comercializan luz, aproximadamente unas 200 empresas actualmente en España.

Pero este cambio en el modelo de financiación ha sido aprovechado para realizar otras modificaciones que, fundamentalmente, afectan a los beneficiarios del bono social.

¿En qué consisten estos cambios?

La cuantía del descuento, un 25% sobre la factura de la luz, no ha cambiado, pero sí sus beneficiarios. El reglamento establece el límite económico para tener acceso a este descuento. Para ello, se tiene en cuenta el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo que, en 2017, es de 532,51 euros brutos mensuales, 6.390 euros anuales.

Con esta medida, podrán tener derecho al bono social a las familias sin menores a cargo que tengan una renta anual igual o inferior a 1,5 veces el IPREM anual (menos de 9.600 euros); a las familias con un menor, dos veces el IPREM (menos de 12.780 euros al año) y con dos menores, 2,5 veces el IPREM (15.975 euros).

Además del criterio de la renta, se mantiene el beneficio social para pensionistas y familias numerosas con ingresos mínimos, así como víctimas de terrorismo o violencia de género y hogares con algún miembro con una discapacidad de al menos un 33%. En estos casos, se eleva el límite de ingresos hasta 3 veces el IPREM. Si es importante la creación de una nueva figura la del vulnerable severo, para hogares con rentas inferiores al 50% de las rentas establecidas. Estos tendrán un descuento del 40%, en lugar del 25%.

¿Cuáles son los nuevos límites?

Aunque el acceso se mantiene a los mismos colectivos, se establecen unos topes que limitan los descuentos. Para familias numerosas, hasta 3.600 kWh al año, para unidades familiares con dos menores de 2.040 kWh, para los que tengan sólo un menor o sean pensionistas con ingresos mínimos un tope de 1.680 kWh y tan sólo 1.200 kWh para familias sin menores a su cargo.

Más protección para los colectivos más sensibles

Lo que sí establece el nuevo bono social es tanto a la categoría de vulnerable severo como a quienes estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas una especial protección para intentar evitar el corte de suministro por impago.

En primer lugar, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda suspender el suministro. También se añade a que además de los dos requerimientos habituales que realiza la comercializadora para solicitar el pago ésta deberá informarles en el momento del impago y otra vez 15 días antes del corte.

El bono social sólo se podrá ofrecer a los usuarios con derecho al precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) o tarifa regulada, que son los que tienen menos de 10 kW de potencia contratada y el consumidor que quiera acogerse al mismo deberá solicitarlo a su compañía. El bono se aplica durante un año, a no ser que pierda el derecho a recibirlo antes y se renovará siempre que siga cumpliendo todas las características.

En definitiva, se trata de un beneficio importante para muchos consumidores que, en caso de que tengan derecho, no deben dudar en solicitar.

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